Política criminal y discriminación hacia las mujeres

Por: Patricia Cóppola
Profesora adjunta de Filosofia del Derecho y de Introducción al Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC.
Directora del INECIP (Insituto de Estudios Comprarados en Ciencias Penales y Sociales) Región Centro

El Derecho en general, entendido como una técnica de motivación de conductas sociales1, y el derecho penal en particular, como una parte relevante de esta técnica y enmarcado a su vez como un capítulo fundamental de la Política Criminal de un Estado, contribuye de manera decisiva a la configuración de las relaciones de poder, estableciendo -o contribuyendo de manera decisiva a establecer- qué conductas son válidas, correctas o deseables. Así, la Política Criminal de un Estado pretende controlar, a través de la regulación de la coerción estatal, la manera en que los individuos nos relacionamos dentro de la sociedad. Para ello crea espacios de intervención y negocia campos de influencia. En este último sentido, el ámbito de lo doméstico, históricamente quedó fuera del ámbito de intervención estatal básicamente en razón de la cultura patriarcal (y las relaciones de poder que ésta determinó) que delega al padre de familia el ejercicio del poder penal (de la violencia) sobre los miembros de la familia (esposa e hijos), convirtiéndose el ámbito familiar en un contexto de subordinación y dependencia.

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