Por: Alberto M. Binder
Universidad de Buenos Aires. Departamento de Postgrado. Director del Centro de Políticas
Públicas para el Socialismo (CEPPAS). www.ceppas.org. Argentina.
El mejor modo de iniciar el desarrollo del Análisis Político Criminal consiste en reconocer la mera existencia del poder penal. Reconocer esa existencia no implica atribuirle algún tipo de esencia ni tratarlo como una “cosa” o un ente del mundo de la naturaleza. Al contrario, afirmaremos en todo momento que se trata de un
fenómeno social y político, de fuerte raigambre histórica, sujeto a los vaivenes de las épocas, de los intereses o el poder de los distintos actores y de las características generales del mundo social dentro del cual el “hecho” del poder penal adquiere sentido.
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Institut americain de la politique criminelle / American Institute of Criminal Policy / Istituto americano di politica criminale/ Αμερικανικό Ινστιτούτο / Αντεγκληματικής Πολιτικής / 刑事政策のアメリカ協会 / 美國刑事政策研究所 / American Institute of Kriminalpolitik / Instituto dedicado a la docencia e investigación en materia de Política Criminal en el hemisferio Americano con el propósito de construir una Política Criminal de los Derechos Humanos.
lunes, 17 de diciembre de 2012
Modelos de política criminal y Derecho penal del enemigo
Por Marcelo Alfredo Riquert
Master en Derecho Penal, Universidad de Salamanca, España. Profesor Titular Regular de Derecho Penal, Universidad Nacional de Mar del Plata. Juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata. Abogado.
Después del “11/S”, Estados Unidos y algunos de sus aliados, han resquebrajado con más rapidez y severidad las bases del “derecho internacional” y favorecieron el retorno de las viejas ideas del
derecho penal del enemigo. La lucha entre volver al “núcleo duro” y profundizar la “modernización” del derecho penal se mantendrá. El desafío: la dura tarea de aprehender la realidad actual sin resignar los
principios basales del derecho penal clásico. En un mundo donde es posible un nuevo modelo de panóptico, se discuten hasta la saciedad los requisitos de una intervención telefónica, mientras, sin control judicial, la
legislación antiterrorista de las potencias dominantes habilita una gigantesca intromisión en los derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad, sin que nadie repare demasiado en esto.
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Master en Derecho Penal, Universidad de Salamanca, España. Profesor Titular Regular de Derecho Penal, Universidad Nacional de Mar del Plata. Juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata. Abogado.
Después del “11/S”, Estados Unidos y algunos de sus aliados, han resquebrajado con más rapidez y severidad las bases del “derecho internacional” y favorecieron el retorno de las viejas ideas del
derecho penal del enemigo. La lucha entre volver al “núcleo duro” y profundizar la “modernización” del derecho penal se mantendrá. El desafío: la dura tarea de aprehender la realidad actual sin resignar los
principios basales del derecho penal clásico. En un mundo donde es posible un nuevo modelo de panóptico, se discuten hasta la saciedad los requisitos de una intervención telefónica, mientras, sin control judicial, la
legislación antiterrorista de las potencias dominantes habilita una gigantesca intromisión en los derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad, sin que nadie repare demasiado en esto.
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domingo, 16 de diciembre de 2012
Política criminal y discriminación hacia las mujeres
Por: Patricia Cóppola
Profesora adjunta de Filosofia del Derecho y de Introducción al Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC.
Directora del INECIP (Insituto de Estudios Comprarados en Ciencias Penales y Sociales) Región Centro
El Derecho en general, entendido como una técnica de motivación de conductas sociales1, y el derecho penal en particular, como una parte relevante de esta técnica y enmarcado a su vez como un capítulo fundamental de la Política Criminal de un Estado, contribuye de manera decisiva a la configuración de las relaciones de poder, estableciendo -o contribuyendo de manera decisiva a establecer- qué conductas son válidas, correctas o deseables. Así, la Política Criminal de un Estado pretende controlar, a través de la regulación de la coerción estatal, la manera en que los individuos nos relacionamos dentro de la sociedad. Para ello crea espacios de intervención y negocia campos de influencia. En este último sentido, el ámbito de lo doméstico, históricamente quedó fuera del ámbito de intervención estatal básicamente en razón de la cultura patriarcal (y las relaciones de poder que ésta determinó) que delega al padre de familia el ejercicio del poder penal (de la violencia) sobre los miembros de la familia (esposa e hijos), convirtiéndose el ámbito familiar en un contexto de subordinación y dependencia.
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Profesora adjunta de Filosofia del Derecho y de Introducción al Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC.
Directora del INECIP (Insituto de Estudios Comprarados en Ciencias Penales y Sociales) Región Centro
El Derecho en general, entendido como una técnica de motivación de conductas sociales1, y el derecho penal en particular, como una parte relevante de esta técnica y enmarcado a su vez como un capítulo fundamental de la Política Criminal de un Estado, contribuye de manera decisiva a la configuración de las relaciones de poder, estableciendo -o contribuyendo de manera decisiva a establecer- qué conductas son válidas, correctas o deseables. Así, la Política Criminal de un Estado pretende controlar, a través de la regulación de la coerción estatal, la manera en que los individuos nos relacionamos dentro de la sociedad. Para ello crea espacios de intervención y negocia campos de influencia. En este último sentido, el ámbito de lo doméstico, históricamente quedó fuera del ámbito de intervención estatal básicamente en razón de la cultura patriarcal (y las relaciones de poder que ésta determinó) que delega al padre de familia el ejercicio del poder penal (de la violencia) sobre los miembros de la familia (esposa e hijos), convirtiéndose el ámbito familiar en un contexto de subordinación y dependencia.
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Política criminal (México y Chile)
Por:
Armando Juárez Bribiesca
Marco Antonio Medina Ramírez
La expresión polítca criminal se emplea desde el siglo XVIII en varios sentidos y bajo concepciones, de muy difuso contenido que le han llevado a perder su carácter semántico (modelo de política criminal).
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Armando Juárez Bribiesca
Marco Antonio Medina Ramírez
La expresión polítca criminal se emplea desde el siglo XVIII en varios sentidos y bajo concepciones, de muy difuso contenido que le han llevado a perder su carácter semántico (modelo de política criminal).
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sábado, 15 de diciembre de 2012
Política Criminal y legislación penal
Por Lic. Héctor E. Berducido M.
Abogado y Notario
He considerado oportuno iniciar la reflexión al respecto de este tema, ya que la Política Criminal del Estado de alguna forma afecta a todos los ciudadanos en mas de alguna oportunidad y a unos los ha de afectas mas
que a otros en determinados momentos de su vida. Tenemos claro que toda norma jurídica surge de una decisión política. La misma traduce la decisión política. Y esta da origen a la norma jurídica, pero ello no implica que la norma jurídica quede sometida a la decisión política. Nadie puede argumentar que la norma no traduce adecuadamente la decisión política para pretender que está prohibido lo que el orden jurídico no prohíbe, aunque el legislador lo haya querido prohibir. La norma es hija de la decisión política, lleva su carga genética, pero el cordón umbilical entre la decisión político-penal y la norma, lo corta el principio de legalidad, al menos en cuanto a la extensión punitiva.
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Abogado y Notario
He considerado oportuno iniciar la reflexión al respecto de este tema, ya que la Política Criminal del Estado de alguna forma afecta a todos los ciudadanos en mas de alguna oportunidad y a unos los ha de afectas mas
que a otros en determinados momentos de su vida. Tenemos claro que toda norma jurídica surge de una decisión política. La misma traduce la decisión política. Y esta da origen a la norma jurídica, pero ello no implica que la norma jurídica quede sometida a la decisión política. Nadie puede argumentar que la norma no traduce adecuadamente la decisión política para pretender que está prohibido lo que el orden jurídico no prohíbe, aunque el legislador lo haya querido prohibir. La norma es hija de la decisión política, lleva su carga genética, pero el cordón umbilical entre la decisión político-penal y la norma, lo corta el principio de legalidad, al menos en cuanto a la extensión punitiva.
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El modelo polítco-criminal Español frente a la delincuencia de inmigrantes
Por Cristina Rodríguez Yagüe
Profesora de Derecho Penal.
Universidad de Castilla La Mancha
Este trabajo aborda cómo, a partir de una interesada categorización del inmigrante como delincuente, el legislador ha extendido al ámbito de los sustitutivos penales y de la ejecución de la pena privativa de libertad figuras propias de la política de extranjería comprometiendo con ello los fines preventivo generales y especiales de la pena así como principios básicos del Derecho penal. Para ello, tras analizar los mecanismos selectivos que incorpora la Ley de Extranjería con el objeto de evitar la entrada y permanencia en España de los extranjeros que tengan antecedentes penales, se studian las tensiones que esta opción legislativa
desencadena al abrirse camino en el ámbito penal, tanto en el proceso, como en la imposición de
condenas, y, aunque de una manera más contenida, en la ejecución penal.
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viernes, 14 de diciembre de 2012
Política criminal y delitos ambientales
Implementación de una polítca criminal orientada al tratamiento de los delitos ambientales
Tesis de Juan Gilberto Samayoa
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
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Tesis de Juan Gilberto Samayoa
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
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Del derecho penal a la politica criminal
Por Mireille Delmás-Marty
Profesor de la Universidad de Paris
El titulo de esta nota "Del derecho penal a la politica criminal" expresa el surguimiento de la politica criminal como una disciplina nueva.
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jueves, 13 de diciembre de 2012
Criminal Policy and a state of rights ¿zero tolerance?
Por Lucila E. Larrandart
Profesora de Derecho Penal y Procesal Penal. Universidad de Buenos Aires. E-mail: lucilalarrandart@aol.com
RESUMEN
A través de la política criminal el Estado diseña el ejercicio de su poder. De igual modo, dicha práctica refleja el estado en el cual se encuentra como sistema político, reflejándose sus indicadores visiblemente en el trato a los ciudadanos, el respeto a las garantías de los mismos y hasta en el grado de tolerancia por lo diferente. El Principio de Legalidad y el Garantismo (en forma de certeza) se traducirán como base a todo el sistema que respeta el Estado de Derecho y a los ciudadanos.
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Profesora de Derecho Penal y Procesal Penal. Universidad de Buenos Aires. E-mail: lucilalarrandart@aol.com
RESUMEN
A través de la política criminal el Estado diseña el ejercicio de su poder. De igual modo, dicha práctica refleja el estado en el cual se encuentra como sistema político, reflejándose sus indicadores visiblemente en el trato a los ciudadanos, el respeto a las garantías de los mismos y hasta en el grado de tolerancia por lo diferente. El Principio de Legalidad y el Garantismo (en forma de certeza) se traducirán como base a todo el sistema que respeta el Estado de Derecho y a los ciudadanos.
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Política criminal en Argentina: un barco a la deriba
Por Grisela Alejandra García Ortiz
Hoy en día cuando está en crisis la idea del Estado moderno y su legitimación basada en el ficto consenso social, también está en crisis la idea de un derecho penal homogéneo, igualitario, correctivo de conductas y
defensor de valores sociales. Sucede entonces, que este Estado cuestionado, en América latina, se achica hasta prácticamente desaparecer, abriendo paso a un mercado desregulado y a la globalización como el destino indiscutido del mundo; sin embargo, el derecho penal cuestionado crece, se utiliza para tapar dramas sociales y se presenta en el discurso oficial y electoral como un bastión para resolver conflictos generados por las nuevas políticas liberales. Cabe preguntarse ¿dónde quedó el liberalismo en el
sistema penal?”
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Hoy en día cuando está en crisis la idea del Estado moderno y su legitimación basada en el ficto consenso social, también está en crisis la idea de un derecho penal homogéneo, igualitario, correctivo de conductas y
defensor de valores sociales. Sucede entonces, que este Estado cuestionado, en América latina, se achica hasta prácticamente desaparecer, abriendo paso a un mercado desregulado y a la globalización como el destino indiscutido del mundo; sin embargo, el derecho penal cuestionado crece, se utiliza para tapar dramas sociales y se presenta en el discurso oficial y electoral como un bastión para resolver conflictos generados por las nuevas políticas liberales. Cabe preguntarse ¿dónde quedó el liberalismo en el
sistema penal?”
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miércoles, 12 de diciembre de 2012
POLÍTICA CRIMINAL: REALIDADES E ILUSÕES DO DISCURSO PENAL
Por Juarez Cirino dos Santos
A política criminal é o programa do Estado para controlar a criminalidade. O núcleo do programa de política criminal do Estado para controle da criminalidade é representado pelo Código Penal. O instrumental
básico de política criminal de qualquer código penal é constituído pelas penas criminais – em menor extensão, sob outro ponto de vista, pelas medidas de segurança para inimputáveis.
As penas criminais, como instrumento principal de política criminal da lei penal brasileira, são agrupadas em três categorias: penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e penas de multa (CP, art. 32).
Contudo, o programa estatal de política criminal não pode ser compreendido pelo estudo das penas criminais em espécie, mas pelo exame das funções atribuídas às penas criminais: as funções de retribuição da culpabilidade, de prevenção especial e de prevenção geral da criminalidade. [1] Na atualidade, o estudo das funções atribuídas às penas criminais mostra o grau de esquizofrenia dos programas de política criminal, em geral, porque discurso penal e realidade da pena caminham em direções contrárias. O objetivo deste estudo é descrever a contradição entre discurso e realidade da política criminal contemporânea.
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A política criminal é o programa do Estado para controlar a criminalidade. O núcleo do programa de política criminal do Estado para controle da criminalidade é representado pelo Código Penal. O instrumental
básico de política criminal de qualquer código penal é constituído pelas penas criminais – em menor extensão, sob outro ponto de vista, pelas medidas de segurança para inimputáveis.
As penas criminais, como instrumento principal de política criminal da lei penal brasileira, são agrupadas em três categorias: penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e penas de multa (CP, art. 32).
Contudo, o programa estatal de política criminal não pode ser compreendido pelo estudo das penas criminais em espécie, mas pelo exame das funções atribuídas às penas criminais: as funções de retribuição da culpabilidade, de prevenção especial e de prevenção geral da criminalidade. [1] Na atualidade, o estudo das funções atribuídas às penas criminais mostra o grau de esquizofrenia dos programas de política criminal, em geral, porque discurso penal e realidade da pena caminham em direções contrárias. O objetivo deste estudo é descrever a contradição entre discurso e realidade da política criminal contemporânea.
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martes, 11 de diciembre de 2012
La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio: propuesta para su regulación en Colombia
En esta publicación el Grupo de Derecho de Interés Público de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES hace una propuesta para la regulación del derecho fundamental a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, en respuesta a la decisión de la Corte Constitucional en la que exhortó al Congreso de la República para su regulación. En esta propuesta se busca que se garantice el pleno ejercicio del derecho, ajustado a los parámetros establecidos por la Corte y la Constitución colombiana, así como los estándares internacionales.
El Grupo de Derecho de Interés Público es una clínica jurídica que tiene como finalidad contribuir a la renovación de la educación legal en Colombia y a la solución de problemas sociales estructurales a través del litigio de alto impacto, la pedagogía en derechos y la asesoría legislativa
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El Grupo de Derecho de Interés Público es una clínica jurídica que tiene como finalidad contribuir a la renovación de la educación legal en Colombia y a la solución de problemas sociales estructurales a través del litigio de alto impacto, la pedagogía en derechos y la asesoría legislativa
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Politica Criminal contra clonación de tarjetas
El director de la Unidad de Política Criminal de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, Óscar González Guardiola, dio a conocer que algunas ciudades de Coahuila como Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Torreón, presentan un notorio incremento en la incidencia de delitos de clonación de tarjetas de crédito y de débito, por lo que la dependencia a su cargo emitió una alerta para que los ciudadanos tomen medidas preventivas y eviten ser víctimas de este delito.
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viernes, 7 de diciembre de 2012
Enfoque Sistémico: en la Política Criminal es necesaria la presencia de los Derechos Humanos en el Perú
INTRODUCCIÓN
I. INTERVENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERU – LA
NECESIDAD DE ORGANOS DE CONTROL
• El internamiento de internos inocentes.
• Las Garantías procesales.
• Las Condiciones carcelarias
• Los Derechos de los familiares a visitar a los presos
• La tortura y los malos tratos
• La independencia y eficiencia del Sistema judicial
• La Impunidad
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I. INTERVENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERU – LA
NECESIDAD DE ORGANOS DE CONTROL
• El internamiento de internos inocentes.
• Las Garantías procesales.
• Las Condiciones carcelarias
• Los Derechos de los familiares a visitar a los presos
• La tortura y los malos tratos
• La independencia y eficiencia del Sistema judicial
• La Impunidad
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Lamentan alza de violencia política en Honduras
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, lamentó que la violencia política se sume a los males que enfrenta la sociedad hondureña.
En este momento, indicó Custodio, estamos agregando a la violencia delincuencial y criminal la violencia política, porque quien comete fraude y quien organiza cosas en contra de los derechos políticos de la ciudadanía hondureña, también está alterando el orden público.
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En este momento, indicó Custodio, estamos agregando a la violencia delincuencial y criminal la violencia política, porque quien comete fraude y quien organiza cosas en contra de los derechos políticos de la ciudadanía hondureña, también está alterando el orden público.
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jueves, 6 de diciembre de 2012
miércoles, 5 de diciembre de 2012
Zaffaroni insistió en reclamar un viraje serio en política criminal
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, insistió en marcar el error “de enfoque de política criminal que estamos cometiendo” en el tema tráfico y consumo de drogas, al cerrar el primer encuentro nacional de magistrados y funcionarios frente al tráfico ilícito de drogas.
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martes, 4 de diciembre de 2012
Aspectos político-criminales y criminológicos de la criminalización de la posesión de pornografía infantil en Estados Unido
Nicolás Oxman
Magíster en Derecho Penal
En Estados Unidos de Norteamérica la ley describe la pornografía infantil como una forma de abuso y explotación sexual en que la imagen del niño envuelve una conducta sexual explícita y una seria amenaza para la salud física, mental, la seguridad y el bienestar de la infancia. Las imágenes reales (en oposición a las imágenes generadas digitalmente, así como las ilustraciones) de pornografía infantil son vistas como un registro permanente de un abuso sexual causado a la víctima, y su creación y distribución se considera un delito grave en el Código Federal de los Estados Unidos. La posibilidad de que sea usado con fines de acoso (grooming), se utiliza como justificación para la penalización de la pornografía infantil, así como para la criminalización de la creación, realización, distribución y posesión de pseudoimágenes elaboradas por computadora. De hecho, en los últimos años existe una gran atención pública en relación a los delincuentes poseedores de pornografía infantil, especialmente, con la aparición de Internet y la variedad de contenidos
pornográficos que se encuentran disponibles. Un asunto importante es determinar si los poseedores de pornografía infantil son propensos a cometer un delito sexual que involucre contacto con un niño. Este artículo describe la evolución legislativa en los Estados Unidos y la literatura actual más importante que se conoce sobre el riesgo que un individuo que utilice Internet pueda cometer un delito de abuso o contacto sexual con menores.
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Magíster en Derecho Penal
En Estados Unidos de Norteamérica la ley describe la pornografía infantil como una forma de abuso y explotación sexual en que la imagen del niño envuelve una conducta sexual explícita y una seria amenaza para la salud física, mental, la seguridad y el bienestar de la infancia. Las imágenes reales (en oposición a las imágenes generadas digitalmente, así como las ilustraciones) de pornografía infantil son vistas como un registro permanente de un abuso sexual causado a la víctima, y su creación y distribución se considera un delito grave en el Código Federal de los Estados Unidos. La posibilidad de que sea usado con fines de acoso (grooming), se utiliza como justificación para la penalización de la pornografía infantil, así como para la criminalización de la creación, realización, distribución y posesión de pseudoimágenes elaboradas por computadora. De hecho, en los últimos años existe una gran atención pública en relación a los delincuentes poseedores de pornografía infantil, especialmente, con la aparición de Internet y la variedad de contenidos
pornográficos que se encuentran disponibles. Un asunto importante es determinar si los poseedores de pornografía infantil son propensos a cometer un delito sexual que involucre contacto con un niño. Este artículo describe la evolución legislativa en los Estados Unidos y la literatura actual más importante que se conoce sobre el riesgo que un individuo que utilice Internet pueda cometer un delito de abuso o contacto sexual con menores.
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(In)seguridad y condiciones de vida en la problematización de la cuestión social:Políticas sociales y políticas de prevención social del delito.
Emilio J. Ayos y Nicolás Dallorso
En el presente artículo buscamos indagar en las articulaciones que se presentan en la coyuntura sociopolítica actual de la Argentina entre las formas de problematización de la cuestión social, las políticas preventivas de control del delito y las reorientaciones en materia de políticas sociales. Entendemos que en la última década se ha consolidado en la Argentina una tendencia que construye progresivamente a la problemática de la
(in)seguridad como núcleo de esa tensión constante propia de las sociedades capitalistas, la cuestión social. Esta particular problematización de la cuestión social, que presenta al problema de la (in)seguridad como expresión hegemónica del modo en que es interpretada, diagnosticada y encauzada la potencial fractura social, brinda las condiciones de emergencia de nuevas intervenciones que construyen específicas relaciones entre las nociones de “delito” y “condiciones de vida”. En el campo de las políticas sociales hemos observado una mutación relevante en la fundamentación de las intervenciones sociales que han abandonado un paradigma vinculado a la protección integral de las condiciones de vida de la masa de trabajadores y han adoptado una disposición tendencial a privilegiar la fundamentación de intervenciones de carácter puntual y coyuntural sobre grupos clasificados de acuerdo a sus niveles de riesgo y peligrosidad. Asimismo, la reorientación de la política criminal hacia lo social aparece como uno de los lugares fundamentales para observar estos procesos de redefinición de la cuestión social, haciendo hincapié en el carácter fundamentalmente problemático de la relación entre estrategias preventivas y políticas sociales.
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En el presente artículo buscamos indagar en las articulaciones que se presentan en la coyuntura sociopolítica actual de la Argentina entre las formas de problematización de la cuestión social, las políticas preventivas de control del delito y las reorientaciones en materia de políticas sociales. Entendemos que en la última década se ha consolidado en la Argentina una tendencia que construye progresivamente a la problemática de la
(in)seguridad como núcleo de esa tensión constante propia de las sociedades capitalistas, la cuestión social. Esta particular problematización de la cuestión social, que presenta al problema de la (in)seguridad como expresión hegemónica del modo en que es interpretada, diagnosticada y encauzada la potencial fractura social, brinda las condiciones de emergencia de nuevas intervenciones que construyen específicas relaciones entre las nociones de “delito” y “condiciones de vida”. En el campo de las políticas sociales hemos observado una mutación relevante en la fundamentación de las intervenciones sociales que han abandonado un paradigma vinculado a la protección integral de las condiciones de vida de la masa de trabajadores y han adoptado una disposición tendencial a privilegiar la fundamentación de intervenciones de carácter puntual y coyuntural sobre grupos clasificados de acuerdo a sus niveles de riesgo y peligrosidad. Asimismo, la reorientación de la política criminal hacia lo social aparece como uno de los lugares fundamentales para observar estos procesos de redefinición de la cuestión social, haciendo hincapié en el carácter fundamentalmente problemático de la relación entre estrategias preventivas y políticas sociales.
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lunes, 3 de diciembre de 2012
Saña criminal y asaltos generan preocupación
Insisten en una política criminal en que impere la ley y autoridades políticas den ejemplos
El sociólogo Celedonio Jiménez y el psiquiatra Carlos de los Ángeles calificaron como preocupantes los últimos hechos delictivos, debido a la brutalidad de los agresores como la modalidad de los asaltos a entidades bancarias.
Creen que debe reformularse la política criminal en la que impere la ley, la institucionalidad, el ejemplo de las autoridades y que se promueva la educación en valores.
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El sociólogo Celedonio Jiménez y el psiquiatra Carlos de los Ángeles calificaron como preocupantes los últimos hechos delictivos, debido a la brutalidad de los agresores como la modalidad de los asaltos a entidades bancarias.
Creen que debe reformularse la política criminal en la que impere la ley, la institucionalidad, el ejemplo de las autoridades y que se promueva la educación en valores.
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domingo, 2 de diciembre de 2012
Entre la inseguridad y la deuda
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira presentó su primer informe de actividades en los municipios de Saltillo y Torreón.
El gobierno de Rubén Moreira se ha destacado por la fuga de 131 reos de un penal y la muerte de su sobrino
Lo que prometía ser una administración "Más mejor" cumple su primer año de gobierno en medio de una crisis de inseguridad, cambios en el gabinete, de slogans, del modelo de seguridad y un escándalo político por la deuda coahuilense de más de 35 mil millones.
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El gobierno de Rubén Moreira se ha destacado por la fuga de 131 reos de un penal y la muerte de su sobrino
Lo que prometía ser una administración "Más mejor" cumple su primer año de gobierno en medio de una crisis de inseguridad, cambios en el gabinete, de slogans, del modelo de seguridad y un escándalo político por la deuda coahuilense de más de 35 mil millones.
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sábado, 1 de diciembre de 2012
Costa Rica prevé reformar Constitución para combatir el narcotráfico
Con el propósito de fortalecer el combate al crimen organizado, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció proyectos de ley para reformar la Constitución.
También indicó que esta nación centroamericana proyecta promover, en el ámbito de Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad de esa organización mundial declare a ambos fenómenos como amenaza a la paz y a la seguridad internacionales.
En materia de reformas constitucionales, se trata de modificar el artículo 24, de modo "que le permita a la policía de investigaciones realizar las escuchas telefónicas en caso de delitos asociados a narcotráfico y crimen organizado", dijo.
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También indicó que esta nación centroamericana proyecta promover, en el ámbito de Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad de esa organización mundial declare a ambos fenómenos como amenaza a la paz y a la seguridad internacionales.
En materia de reformas constitucionales, se trata de modificar el artículo 24, de modo "que le permita a la policía de investigaciones realizar las escuchas telefónicas en caso de delitos asociados a narcotráfico y crimen organizado", dijo.
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