Por: Alberto M. Binder
Universidad de Buenos Aires. Departamento de Postgrado. Director del Centro de Políticas
Públicas para el Socialismo (CEPPAS). www.ceppas.org. Argentina.
El mejor modo de iniciar el desarrollo del Análisis Político Criminal consiste en reconocer la mera existencia del poder penal. Reconocer esa existencia no implica atribuirle algún tipo de esencia ni tratarlo como una “cosa” o un ente del mundo de la naturaleza. Al contrario, afirmaremos en todo momento que se trata de un
fenómeno social y político, de fuerte raigambre histórica, sujeto a los vaivenes de las épocas, de los intereses o el poder de los distintos actores y de las características generales del mundo social dentro del cual el “hecho” del poder penal adquiere sentido.
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Institut americain de la politique criminelle / American Institute of Criminal Policy / Istituto americano di politica criminale/ Αμερικανικό Ινστιτούτο / Αντεγκληματικής Πολιτικής / 刑事政策のアメリカ協会 / 美國刑事政策研究所 / American Institute of Kriminalpolitik / Instituto dedicado a la docencia e investigación en materia de Política Criminal en el hemisferio Americano con el propósito de construir una Política Criminal de los Derechos Humanos.
lunes, 17 de diciembre de 2012
Modelos de política criminal y Derecho penal del enemigo
Por Marcelo Alfredo Riquert
Master en Derecho Penal, Universidad de Salamanca, España. Profesor Titular Regular de Derecho Penal, Universidad Nacional de Mar del Plata. Juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata. Abogado.
Después del “11/S”, Estados Unidos y algunos de sus aliados, han resquebrajado con más rapidez y severidad las bases del “derecho internacional” y favorecieron el retorno de las viejas ideas del
derecho penal del enemigo. La lucha entre volver al “núcleo duro” y profundizar la “modernización” del derecho penal se mantendrá. El desafío: la dura tarea de aprehender la realidad actual sin resignar los
principios basales del derecho penal clásico. En un mundo donde es posible un nuevo modelo de panóptico, se discuten hasta la saciedad los requisitos de una intervención telefónica, mientras, sin control judicial, la
legislación antiterrorista de las potencias dominantes habilita una gigantesca intromisión en los derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad, sin que nadie repare demasiado en esto.
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Master en Derecho Penal, Universidad de Salamanca, España. Profesor Titular Regular de Derecho Penal, Universidad Nacional de Mar del Plata. Juez de la Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial Mar del Plata. Abogado.
Después del “11/S”, Estados Unidos y algunos de sus aliados, han resquebrajado con más rapidez y severidad las bases del “derecho internacional” y favorecieron el retorno de las viejas ideas del
derecho penal del enemigo. La lucha entre volver al “núcleo duro” y profundizar la “modernización” del derecho penal se mantendrá. El desafío: la dura tarea de aprehender la realidad actual sin resignar los
principios basales del derecho penal clásico. En un mundo donde es posible un nuevo modelo de panóptico, se discuten hasta la saciedad los requisitos de una intervención telefónica, mientras, sin control judicial, la
legislación antiterrorista de las potencias dominantes habilita una gigantesca intromisión en los derechos fundamentales como la intimidad y la privacidad, sin que nadie repare demasiado en esto.
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domingo, 16 de diciembre de 2012
Política criminal y discriminación hacia las mujeres
Por: Patricia Cóppola
Profesora adjunta de Filosofia del Derecho y de Introducción al Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC.
Directora del INECIP (Insituto de Estudios Comprarados en Ciencias Penales y Sociales) Región Centro
El Derecho en general, entendido como una técnica de motivación de conductas sociales1, y el derecho penal en particular, como una parte relevante de esta técnica y enmarcado a su vez como un capítulo fundamental de la Política Criminal de un Estado, contribuye de manera decisiva a la configuración de las relaciones de poder, estableciendo -o contribuyendo de manera decisiva a establecer- qué conductas son válidas, correctas o deseables. Así, la Política Criminal de un Estado pretende controlar, a través de la regulación de la coerción estatal, la manera en que los individuos nos relacionamos dentro de la sociedad. Para ello crea espacios de intervención y negocia campos de influencia. En este último sentido, el ámbito de lo doméstico, históricamente quedó fuera del ámbito de intervención estatal básicamente en razón de la cultura patriarcal (y las relaciones de poder que ésta determinó) que delega al padre de familia el ejercicio del poder penal (de la violencia) sobre los miembros de la familia (esposa e hijos), convirtiéndose el ámbito familiar en un contexto de subordinación y dependencia.
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Profesora adjunta de Filosofia del Derecho y de Introducción al Derecho, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, UNC.
Directora del INECIP (Insituto de Estudios Comprarados en Ciencias Penales y Sociales) Región Centro
El Derecho en general, entendido como una técnica de motivación de conductas sociales1, y el derecho penal en particular, como una parte relevante de esta técnica y enmarcado a su vez como un capítulo fundamental de la Política Criminal de un Estado, contribuye de manera decisiva a la configuración de las relaciones de poder, estableciendo -o contribuyendo de manera decisiva a establecer- qué conductas son válidas, correctas o deseables. Así, la Política Criminal de un Estado pretende controlar, a través de la regulación de la coerción estatal, la manera en que los individuos nos relacionamos dentro de la sociedad. Para ello crea espacios de intervención y negocia campos de influencia. En este último sentido, el ámbito de lo doméstico, históricamente quedó fuera del ámbito de intervención estatal básicamente en razón de la cultura patriarcal (y las relaciones de poder que ésta determinó) que delega al padre de familia el ejercicio del poder penal (de la violencia) sobre los miembros de la familia (esposa e hijos), convirtiéndose el ámbito familiar en un contexto de subordinación y dependencia.
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Política criminal (México y Chile)
Por:
Armando Juárez Bribiesca
Marco Antonio Medina Ramírez
La expresión polítca criminal se emplea desde el siglo XVIII en varios sentidos y bajo concepciones, de muy difuso contenido que le han llevado a perder su carácter semántico (modelo de política criminal).
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Armando Juárez Bribiesca
Marco Antonio Medina Ramírez
La expresión polítca criminal se emplea desde el siglo XVIII en varios sentidos y bajo concepciones, de muy difuso contenido que le han llevado a perder su carácter semántico (modelo de política criminal).
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sábado, 15 de diciembre de 2012
Política Criminal y legislación penal
Por Lic. Héctor E. Berducido M.
Abogado y Notario
He considerado oportuno iniciar la reflexión al respecto de este tema, ya que la Política Criminal del Estado de alguna forma afecta a todos los ciudadanos en mas de alguna oportunidad y a unos los ha de afectas mas
que a otros en determinados momentos de su vida. Tenemos claro que toda norma jurídica surge de una decisión política. La misma traduce la decisión política. Y esta da origen a la norma jurídica, pero ello no implica que la norma jurídica quede sometida a la decisión política. Nadie puede argumentar que la norma no traduce adecuadamente la decisión política para pretender que está prohibido lo que el orden jurídico no prohíbe, aunque el legislador lo haya querido prohibir. La norma es hija de la decisión política, lleva su carga genética, pero el cordón umbilical entre la decisión político-penal y la norma, lo corta el principio de legalidad, al menos en cuanto a la extensión punitiva.
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Abogado y Notario
He considerado oportuno iniciar la reflexión al respecto de este tema, ya que la Política Criminal del Estado de alguna forma afecta a todos los ciudadanos en mas de alguna oportunidad y a unos los ha de afectas mas
que a otros en determinados momentos de su vida. Tenemos claro que toda norma jurídica surge de una decisión política. La misma traduce la decisión política. Y esta da origen a la norma jurídica, pero ello no implica que la norma jurídica quede sometida a la decisión política. Nadie puede argumentar que la norma no traduce adecuadamente la decisión política para pretender que está prohibido lo que el orden jurídico no prohíbe, aunque el legislador lo haya querido prohibir. La norma es hija de la decisión política, lleva su carga genética, pero el cordón umbilical entre la decisión político-penal y la norma, lo corta el principio de legalidad, al menos en cuanto a la extensión punitiva.
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El modelo polítco-criminal Español frente a la delincuencia de inmigrantes
Por Cristina Rodríguez Yagüe
Profesora de Derecho Penal.
Universidad de Castilla La Mancha
Este trabajo aborda cómo, a partir de una interesada categorización del inmigrante como delincuente, el legislador ha extendido al ámbito de los sustitutivos penales y de la ejecución de la pena privativa de libertad figuras propias de la política de extranjería comprometiendo con ello los fines preventivo generales y especiales de la pena así como principios básicos del Derecho penal. Para ello, tras analizar los mecanismos selectivos que incorpora la Ley de Extranjería con el objeto de evitar la entrada y permanencia en España de los extranjeros que tengan antecedentes penales, se studian las tensiones que esta opción legislativa
desencadena al abrirse camino en el ámbito penal, tanto en el proceso, como en la imposición de
condenas, y, aunque de una manera más contenida, en la ejecución penal.
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viernes, 14 de diciembre de 2012
Política criminal y delitos ambientales
Implementación de una polítca criminal orientada al tratamiento de los delitos ambientales
Tesis de Juan Gilberto Samayoa
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
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Tesis de Juan Gilberto Samayoa
Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Universidad de San Carlos de Guatemala
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Del derecho penal a la politica criminal
Por Mireille Delmás-Marty
Profesor de la Universidad de Paris
El titulo de esta nota "Del derecho penal a la politica criminal" expresa el surguimiento de la politica criminal como una disciplina nueva.
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jueves, 13 de diciembre de 2012
Criminal Policy and a state of rights ¿zero tolerance?
Por Lucila E. Larrandart
Profesora de Derecho Penal y Procesal Penal. Universidad de Buenos Aires. E-mail: lucilalarrandart@aol.com
RESUMEN
A través de la política criminal el Estado diseña el ejercicio de su poder. De igual modo, dicha práctica refleja el estado en el cual se encuentra como sistema político, reflejándose sus indicadores visiblemente en el trato a los ciudadanos, el respeto a las garantías de los mismos y hasta en el grado de tolerancia por lo diferente. El Principio de Legalidad y el Garantismo (en forma de certeza) se traducirán como base a todo el sistema que respeta el Estado de Derecho y a los ciudadanos.
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Profesora de Derecho Penal y Procesal Penal. Universidad de Buenos Aires. E-mail: lucilalarrandart@aol.com
RESUMEN
A través de la política criminal el Estado diseña el ejercicio de su poder. De igual modo, dicha práctica refleja el estado en el cual se encuentra como sistema político, reflejándose sus indicadores visiblemente en el trato a los ciudadanos, el respeto a las garantías de los mismos y hasta en el grado de tolerancia por lo diferente. El Principio de Legalidad y el Garantismo (en forma de certeza) se traducirán como base a todo el sistema que respeta el Estado de Derecho y a los ciudadanos.
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Política criminal en Argentina: un barco a la deriba
Por Grisela Alejandra García Ortiz
Hoy en día cuando está en crisis la idea del Estado moderno y su legitimación basada en el ficto consenso social, también está en crisis la idea de un derecho penal homogéneo, igualitario, correctivo de conductas y
defensor de valores sociales. Sucede entonces, que este Estado cuestionado, en América latina, se achica hasta prácticamente desaparecer, abriendo paso a un mercado desregulado y a la globalización como el destino indiscutido del mundo; sin embargo, el derecho penal cuestionado crece, se utiliza para tapar dramas sociales y se presenta en el discurso oficial y electoral como un bastión para resolver conflictos generados por las nuevas políticas liberales. Cabe preguntarse ¿dónde quedó el liberalismo en el
sistema penal?”
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Hoy en día cuando está en crisis la idea del Estado moderno y su legitimación basada en el ficto consenso social, también está en crisis la idea de un derecho penal homogéneo, igualitario, correctivo de conductas y
defensor de valores sociales. Sucede entonces, que este Estado cuestionado, en América latina, se achica hasta prácticamente desaparecer, abriendo paso a un mercado desregulado y a la globalización como el destino indiscutido del mundo; sin embargo, el derecho penal cuestionado crece, se utiliza para tapar dramas sociales y se presenta en el discurso oficial y electoral como un bastión para resolver conflictos generados por las nuevas políticas liberales. Cabe preguntarse ¿dónde quedó el liberalismo en el
sistema penal?”
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miércoles, 12 de diciembre de 2012
POLÍTICA CRIMINAL: REALIDADES E ILUSÕES DO DISCURSO PENAL
Por Juarez Cirino dos Santos
A política criminal é o programa do Estado para controlar a criminalidade. O núcleo do programa de política criminal do Estado para controle da criminalidade é representado pelo Código Penal. O instrumental
básico de política criminal de qualquer código penal é constituído pelas penas criminais – em menor extensão, sob outro ponto de vista, pelas medidas de segurança para inimputáveis.
As penas criminais, como instrumento principal de política criminal da lei penal brasileira, são agrupadas em três categorias: penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e penas de multa (CP, art. 32).
Contudo, o programa estatal de política criminal não pode ser compreendido pelo estudo das penas criminais em espécie, mas pelo exame das funções atribuídas às penas criminais: as funções de retribuição da culpabilidade, de prevenção especial e de prevenção geral da criminalidade. [1] Na atualidade, o estudo das funções atribuídas às penas criminais mostra o grau de esquizofrenia dos programas de política criminal, em geral, porque discurso penal e realidade da pena caminham em direções contrárias. O objetivo deste estudo é descrever a contradição entre discurso e realidade da política criminal contemporânea.
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A política criminal é o programa do Estado para controlar a criminalidade. O núcleo do programa de política criminal do Estado para controle da criminalidade é representado pelo Código Penal. O instrumental
básico de política criminal de qualquer código penal é constituído pelas penas criminais – em menor extensão, sob outro ponto de vista, pelas medidas de segurança para inimputáveis.
As penas criminais, como instrumento principal de política criminal da lei penal brasileira, são agrupadas em três categorias: penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e penas de multa (CP, art. 32).
Contudo, o programa estatal de política criminal não pode ser compreendido pelo estudo das penas criminais em espécie, mas pelo exame das funções atribuídas às penas criminais: as funções de retribuição da culpabilidade, de prevenção especial e de prevenção geral da criminalidade. [1] Na atualidade, o estudo das funções atribuídas às penas criminais mostra o grau de esquizofrenia dos programas de política criminal, em geral, porque discurso penal e realidade da pena caminham em direções contrárias. O objetivo deste estudo é descrever a contradição entre discurso e realidade da política criminal contemporânea.
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martes, 11 de diciembre de 2012
La objeción de conciencia al servicio militar obligatorio: propuesta para su regulación en Colombia
En esta publicación el Grupo de Derecho de Interés Público de la UNIVERSIDAD DE LOS ANDES hace una propuesta para la regulación del derecho fundamental a la objeción de conciencia al servicio militar obligatorio, en respuesta a la decisión de la Corte Constitucional en la que exhortó al Congreso de la República para su regulación. En esta propuesta se busca que se garantice el pleno ejercicio del derecho, ajustado a los parámetros establecidos por la Corte y la Constitución colombiana, así como los estándares internacionales.
El Grupo de Derecho de Interés Público es una clínica jurídica que tiene como finalidad contribuir a la renovación de la educación legal en Colombia y a la solución de problemas sociales estructurales a través del litigio de alto impacto, la pedagogía en derechos y la asesoría legislativa
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El Grupo de Derecho de Interés Público es una clínica jurídica que tiene como finalidad contribuir a la renovación de la educación legal en Colombia y a la solución de problemas sociales estructurales a través del litigio de alto impacto, la pedagogía en derechos y la asesoría legislativa
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Politica Criminal contra clonación de tarjetas
El director de la Unidad de Política Criminal de la Procuraduría General de Justicia de Coahuila, Óscar González Guardiola, dio a conocer que algunas ciudades de Coahuila como Saltillo, Monclova, Piedras Negras y Torreón, presentan un notorio incremento en la incidencia de delitos de clonación de tarjetas de crédito y de débito, por lo que la dependencia a su cargo emitió una alerta para que los ciudadanos tomen medidas preventivas y eviten ser víctimas de este delito.
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viernes, 7 de diciembre de 2012
Enfoque Sistémico: en la Política Criminal es necesaria la presencia de los Derechos Humanos en el Perú
INTRODUCCIÓN
I. INTERVENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERU – LA
NECESIDAD DE ORGANOS DE CONTROL
• El internamiento de internos inocentes.
• Las Garantías procesales.
• Las Condiciones carcelarias
• Los Derechos de los familiares a visitar a los presos
• La tortura y los malos tratos
• La independencia y eficiencia del Sistema judicial
• La Impunidad
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I. INTERVENCION DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL PERU – LA
NECESIDAD DE ORGANOS DE CONTROL
• El internamiento de internos inocentes.
• Las Garantías procesales.
• Las Condiciones carcelarias
• Los Derechos de los familiares a visitar a los presos
• La tortura y los malos tratos
• La independencia y eficiencia del Sistema judicial
• La Impunidad
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Lamentan alza de violencia política en Honduras
El comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, lamentó que la violencia política se sume a los males que enfrenta la sociedad hondureña.
En este momento, indicó Custodio, estamos agregando a la violencia delincuencial y criminal la violencia política, porque quien comete fraude y quien organiza cosas en contra de los derechos políticos de la ciudadanía hondureña, también está alterando el orden público.
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En este momento, indicó Custodio, estamos agregando a la violencia delincuencial y criminal la violencia política, porque quien comete fraude y quien organiza cosas en contra de los derechos políticos de la ciudadanía hondureña, también está alterando el orden público.
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jueves, 6 de diciembre de 2012
miércoles, 5 de diciembre de 2012
Zaffaroni insistió en reclamar un viraje serio en política criminal
El ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eugenio Zaffaroni, insistió en marcar el error “de enfoque de política criminal que estamos cometiendo” en el tema tráfico y consumo de drogas, al cerrar el primer encuentro nacional de magistrados y funcionarios frente al tráfico ilícito de drogas.
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martes, 4 de diciembre de 2012
Aspectos político-criminales y criminológicos de la criminalización de la posesión de pornografía infantil en Estados Unido
Nicolás Oxman
Magíster en Derecho Penal
En Estados Unidos de Norteamérica la ley describe la pornografía infantil como una forma de abuso y explotación sexual en que la imagen del niño envuelve una conducta sexual explícita y una seria amenaza para la salud física, mental, la seguridad y el bienestar de la infancia. Las imágenes reales (en oposición a las imágenes generadas digitalmente, así como las ilustraciones) de pornografía infantil son vistas como un registro permanente de un abuso sexual causado a la víctima, y su creación y distribución se considera un delito grave en el Código Federal de los Estados Unidos. La posibilidad de que sea usado con fines de acoso (grooming), se utiliza como justificación para la penalización de la pornografía infantil, así como para la criminalización de la creación, realización, distribución y posesión de pseudoimágenes elaboradas por computadora. De hecho, en los últimos años existe una gran atención pública en relación a los delincuentes poseedores de pornografía infantil, especialmente, con la aparición de Internet y la variedad de contenidos
pornográficos que se encuentran disponibles. Un asunto importante es determinar si los poseedores de pornografía infantil son propensos a cometer un delito sexual que involucre contacto con un niño. Este artículo describe la evolución legislativa en los Estados Unidos y la literatura actual más importante que se conoce sobre el riesgo que un individuo que utilice Internet pueda cometer un delito de abuso o contacto sexual con menores.
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Magíster en Derecho Penal
En Estados Unidos de Norteamérica la ley describe la pornografía infantil como una forma de abuso y explotación sexual en que la imagen del niño envuelve una conducta sexual explícita y una seria amenaza para la salud física, mental, la seguridad y el bienestar de la infancia. Las imágenes reales (en oposición a las imágenes generadas digitalmente, así como las ilustraciones) de pornografía infantil son vistas como un registro permanente de un abuso sexual causado a la víctima, y su creación y distribución se considera un delito grave en el Código Federal de los Estados Unidos. La posibilidad de que sea usado con fines de acoso (grooming), se utiliza como justificación para la penalización de la pornografía infantil, así como para la criminalización de la creación, realización, distribución y posesión de pseudoimágenes elaboradas por computadora. De hecho, en los últimos años existe una gran atención pública en relación a los delincuentes poseedores de pornografía infantil, especialmente, con la aparición de Internet y la variedad de contenidos
pornográficos que se encuentran disponibles. Un asunto importante es determinar si los poseedores de pornografía infantil son propensos a cometer un delito sexual que involucre contacto con un niño. Este artículo describe la evolución legislativa en los Estados Unidos y la literatura actual más importante que se conoce sobre el riesgo que un individuo que utilice Internet pueda cometer un delito de abuso o contacto sexual con menores.
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(In)seguridad y condiciones de vida en la problematización de la cuestión social:Políticas sociales y políticas de prevención social del delito.
Emilio J. Ayos y Nicolás Dallorso
En el presente artículo buscamos indagar en las articulaciones que se presentan en la coyuntura sociopolítica actual de la Argentina entre las formas de problematización de la cuestión social, las políticas preventivas de control del delito y las reorientaciones en materia de políticas sociales. Entendemos que en la última década se ha consolidado en la Argentina una tendencia que construye progresivamente a la problemática de la
(in)seguridad como núcleo de esa tensión constante propia de las sociedades capitalistas, la cuestión social. Esta particular problematización de la cuestión social, que presenta al problema de la (in)seguridad como expresión hegemónica del modo en que es interpretada, diagnosticada y encauzada la potencial fractura social, brinda las condiciones de emergencia de nuevas intervenciones que construyen específicas relaciones entre las nociones de “delito” y “condiciones de vida”. En el campo de las políticas sociales hemos observado una mutación relevante en la fundamentación de las intervenciones sociales que han abandonado un paradigma vinculado a la protección integral de las condiciones de vida de la masa de trabajadores y han adoptado una disposición tendencial a privilegiar la fundamentación de intervenciones de carácter puntual y coyuntural sobre grupos clasificados de acuerdo a sus niveles de riesgo y peligrosidad. Asimismo, la reorientación de la política criminal hacia lo social aparece como uno de los lugares fundamentales para observar estos procesos de redefinición de la cuestión social, haciendo hincapié en el carácter fundamentalmente problemático de la relación entre estrategias preventivas y políticas sociales.
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En el presente artículo buscamos indagar en las articulaciones que se presentan en la coyuntura sociopolítica actual de la Argentina entre las formas de problematización de la cuestión social, las políticas preventivas de control del delito y las reorientaciones en materia de políticas sociales. Entendemos que en la última década se ha consolidado en la Argentina una tendencia que construye progresivamente a la problemática de la
(in)seguridad como núcleo de esa tensión constante propia de las sociedades capitalistas, la cuestión social. Esta particular problematización de la cuestión social, que presenta al problema de la (in)seguridad como expresión hegemónica del modo en que es interpretada, diagnosticada y encauzada la potencial fractura social, brinda las condiciones de emergencia de nuevas intervenciones que construyen específicas relaciones entre las nociones de “delito” y “condiciones de vida”. En el campo de las políticas sociales hemos observado una mutación relevante en la fundamentación de las intervenciones sociales que han abandonado un paradigma vinculado a la protección integral de las condiciones de vida de la masa de trabajadores y han adoptado una disposición tendencial a privilegiar la fundamentación de intervenciones de carácter puntual y coyuntural sobre grupos clasificados de acuerdo a sus niveles de riesgo y peligrosidad. Asimismo, la reorientación de la política criminal hacia lo social aparece como uno de los lugares fundamentales para observar estos procesos de redefinición de la cuestión social, haciendo hincapié en el carácter fundamentalmente problemático de la relación entre estrategias preventivas y políticas sociales.
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lunes, 3 de diciembre de 2012
Saña criminal y asaltos generan preocupación
Insisten en una política criminal en que impere la ley y autoridades políticas den ejemplos
El sociólogo Celedonio Jiménez y el psiquiatra Carlos de los Ángeles calificaron como preocupantes los últimos hechos delictivos, debido a la brutalidad de los agresores como la modalidad de los asaltos a entidades bancarias.
Creen que debe reformularse la política criminal en la que impere la ley, la institucionalidad, el ejemplo de las autoridades y que se promueva la educación en valores.
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El sociólogo Celedonio Jiménez y el psiquiatra Carlos de los Ángeles calificaron como preocupantes los últimos hechos delictivos, debido a la brutalidad de los agresores como la modalidad de los asaltos a entidades bancarias.
Creen que debe reformularse la política criminal en la que impere la ley, la institucionalidad, el ejemplo de las autoridades y que se promueva la educación en valores.
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domingo, 2 de diciembre de 2012
Entre la inseguridad y la deuda
El gobernador de Coahuila, Rubén Moreira presentó su primer informe de actividades en los municipios de Saltillo y Torreón.
El gobierno de Rubén Moreira se ha destacado por la fuga de 131 reos de un penal y la muerte de su sobrino
Lo que prometía ser una administración "Más mejor" cumple su primer año de gobierno en medio de una crisis de inseguridad, cambios en el gabinete, de slogans, del modelo de seguridad y un escándalo político por la deuda coahuilense de más de 35 mil millones.
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El gobierno de Rubén Moreira se ha destacado por la fuga de 131 reos de un penal y la muerte de su sobrino
Lo que prometía ser una administración "Más mejor" cumple su primer año de gobierno en medio de una crisis de inseguridad, cambios en el gabinete, de slogans, del modelo de seguridad y un escándalo político por la deuda coahuilense de más de 35 mil millones.
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sábado, 1 de diciembre de 2012
Costa Rica prevé reformar Constitución para combatir el narcotráfico
Con el propósito de fortalecer el combate al crimen organizado, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, anunció proyectos de ley para reformar la Constitución.
También indicó que esta nación centroamericana proyecta promover, en el ámbito de Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad de esa organización mundial declare a ambos fenómenos como amenaza a la paz y a la seguridad internacionales.
En materia de reformas constitucionales, se trata de modificar el artículo 24, de modo "que le permita a la policía de investigaciones realizar las escuchas telefónicas en caso de delitos asociados a narcotráfico y crimen organizado", dijo.
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También indicó que esta nación centroamericana proyecta promover, en el ámbito de Naciones Unidas, que el Consejo de Seguridad de esa organización mundial declare a ambos fenómenos como amenaza a la paz y a la seguridad internacionales.
En materia de reformas constitucionales, se trata de modificar el artículo 24, de modo "que le permita a la policía de investigaciones realizar las escuchas telefónicas en caso de delitos asociados a narcotráfico y crimen organizado", dijo.
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viernes, 30 de noviembre de 2012
La seguridad en el Paraguay (Universidad Harvard)
¿Cómo nos ven desde fuera? Es una pregunta que en Paraguay siempre hacemos, con curiosidad, y con algo de secreta vanidad, a quienes nos visitan, esperando una respuesta positiva, que alabe nuestros valores, o al menos una respuesta franca, aunque nunca indiferente, que nos muestre en algún récord negativo.
El Paraguay no ha sido en esta ocasión especialmente seleccionado para ser investigado por sus índices altísimos en delincuencia e inseguridad, o por alguna otra encuesta que seudo orgullosamente mostraremos por ser los peores en algo, porque nos hace salir del anonimato. Este informe no se caracteriza por mostrarnos como el país con mayor o menor seguridad, en algún extremo. Refleja, en cambio, la realidad de un país pequeño, cuya población puede ser igual a la de una ciudad de un país vecino, y cuyos problemas, que se comparten en la región, y por tanto no son ni más ni menos graves comparados a los de los otros, no deberían dejar de preocuparnos y ser desatendidos por esa razón.
Al comenzarse la investigación sobre Paraguay de este equipo de la Universidad de Harvard, cuyo Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho trabaja a la vez en distintos proyectos en varios otros países de la región, se buscaba un tema de derechos humanos que fuera importante para el país, en lo que fui consultada. El tema de la seguridad resaltaba, por todo lo que implica para nuestra sociedad y por la percepción de que la inseguridad es uno de los peores, si no el peor, de los problemas que tenemos.
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El Paraguay no ha sido en esta ocasión especialmente seleccionado para ser investigado por sus índices altísimos en delincuencia e inseguridad, o por alguna otra encuesta que seudo orgullosamente mostraremos por ser los peores en algo, porque nos hace salir del anonimato. Este informe no se caracteriza por mostrarnos como el país con mayor o menor seguridad, en algún extremo. Refleja, en cambio, la realidad de un país pequeño, cuya población puede ser igual a la de una ciudad de un país vecino, y cuyos problemas, que se comparten en la región, y por tanto no son ni más ni menos graves comparados a los de los otros, no deberían dejar de preocuparnos y ser desatendidos por esa razón.
Al comenzarse la investigación sobre Paraguay de este equipo de la Universidad de Harvard, cuyo Programa de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho trabaja a la vez en distintos proyectos en varios otros países de la región, se buscaba un tema de derechos humanos que fuera importante para el país, en lo que fui consultada. El tema de la seguridad resaltaba, por todo lo que implica para nuestra sociedad y por la percepción de que la inseguridad es uno de los peores, si no el peor, de los problemas que tenemos.
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miércoles, 28 de noviembre de 2012
Des discours aux chiffres : les effets d'une décennie de lois réformatrices en matière de justice des mineurs
By Sébastien Delarre
La décennie récente a été marquée par un durcissement de la justice des mineurs. Le constat est récurrent dans la littérature sociologique et juridique contemporaine. Mais à quel niveau s’applique-t-il ? Les lois traditionnelles visent à se réaliser dans des actes judiciaires réels, régulant les pratiques qui leur sont assujetties. Les lois dites « symboliques » en revanche remplissent des fonctions qui dépassent largement le cadre de leur mise en application pratique, pour trouver ailleurs une raison d’être. Or, les commentaires effectués ces dernières années sur la justice des mineurs semblent osciller souvent entre ces deux lectures, de premier et de second degré ; de ce fait, le diagnostic des transformations pénales n’est pas tout à fait stabilisé. Cette recherche propose alors simplement de mesurer in concreto, sur la base de données semi-administratives, l’impact des diverses lois passées dans le cadre des réformes récentes. Une méthode ancienne est reprise, la représentation des filières pénales sous la forme de graphes, afin de comparer terme à terme les deux extrémités de la décennie récente.
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La décennie récente a été marquée par un durcissement de la justice des mineurs. Le constat est récurrent dans la littérature sociologique et juridique contemporaine. Mais à quel niveau s’applique-t-il ? Les lois traditionnelles visent à se réaliser dans des actes judiciaires réels, régulant les pratiques qui leur sont assujetties. Les lois dites « symboliques » en revanche remplissent des fonctions qui dépassent largement le cadre de leur mise en application pratique, pour trouver ailleurs une raison d’être. Or, les commentaires effectués ces dernières années sur la justice des mineurs semblent osciller souvent entre ces deux lectures, de premier et de second degré ; de ce fait, le diagnostic des transformations pénales n’est pas tout à fait stabilisé. Cette recherche propose alors simplement de mesurer in concreto, sur la base de données semi-administratives, l’impact des diverses lois passées dans le cadre des réformes récentes. Une méthode ancienne est reprise, la représentation des filières pénales sous la forme de graphes, afin de comparer terme à terme les deux extrémités de la décennie récente.
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martes, 27 de noviembre de 2012
The Prince's Trust independent evaluation summary of 121 pilot Jan 2012
Evaluation summary: Working one to one with young offenders
This paper provides a summary of the key findings from the independent evaluation of ‘Working one to one with young offenders.’ This paper is by The Prince’s Trust and ICPR based on the external evaluation report by Gillian Hunter and Amy Kirby of The Institute for Criminal Policy Research, School of Law, Birkbeck College, which reported in August 2011.
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This paper provides a summary of the key findings from the independent evaluation of ‘Working one to one with young offenders.’ This paper is by The Prince’s Trust and ICPR based on the external evaluation report by Gillian Hunter and Amy Kirby of The Institute for Criminal Policy Research, School of Law, Birkbeck College, which reported in August 2011.
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La política criminal contemporánea:Influencia en Chile del discurso de la ley y el orden.
Por: Ana María Morales Peillard
Magíster en Política Criminal, London School of Economics and Political Science, Docente del Magíster en Derecho Penal, Universidad de Talca
Resumen
El presente artículo busca responder algunas preguntas relativas a la política criminal
contemporánea. Una de ellas, busca determinar si las políticas de control penal establecidas
en Chile durante las últimas dos décadas, podrían ser calificadas como punitivas; mientras
que la segunda apunta a responder si las explicaciones otorgadas por algunas visiones
criminológicas comparadas, tendientes a justificar los dramáticos cambios observados en el
campo del control del delito en los últimos treinta años, sirven de base para racionalizar las
modificaciones observadas en Chile, o si existen explicaciones de carácter local que
además debieran ser consideradas.
Para indagar en relación al primer propósito, se expone brevemente el desarrollo
criminológico y político criminal del país, desde la primera mitad el siglo XX hasta fines de
la década pasada; mientras que para la segunda, se expone algunas connotadas teorías
utilizadas en el ámbito académico a fin de explicar los cambios político-criminales y se
analiza su pertinencia para explicar nuestra realidad.
La política criminal contemporánea:Influencia en Chile del discurso de la ley y el orden.
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Magíster en Política Criminal, London School of Economics and Political Science, Docente del Magíster en Derecho Penal, Universidad de Talca
Resumen
El presente artículo busca responder algunas preguntas relativas a la política criminal
contemporánea. Una de ellas, busca determinar si las políticas de control penal establecidas
en Chile durante las últimas dos décadas, podrían ser calificadas como punitivas; mientras
que la segunda apunta a responder si las explicaciones otorgadas por algunas visiones
criminológicas comparadas, tendientes a justificar los dramáticos cambios observados en el
campo del control del delito en los últimos treinta años, sirven de base para racionalizar las
modificaciones observadas en Chile, o si existen explicaciones de carácter local que
además debieran ser consideradas.
Para indagar en relación al primer propósito, se expone brevemente el desarrollo
criminológico y político criminal del país, desde la primera mitad el siglo XX hasta fines de
la década pasada; mientras que para la segunda, se expone algunas connotadas teorías
utilizadas en el ámbito académico a fin de explicar los cambios político-criminales y se
analiza su pertinencia para explicar nuestra realidad.
La política criminal contemporánea:Influencia en Chile del discurso de la ley y el orden.
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lunes, 26 de noviembre de 2012
Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2012 (ENVIPE)
Como parte de los trabajos del Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) realizó, por segunda ocasión, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE 2012), cuyo levantamiento se llevo a cabo del 5 de marzo al 30 de abril de 2012.
Con este reciente ejercicio se retoman las bases metodológicas concebidas inicialmente para el proyecto, aunque se hacen adiciones derivadas de nuevos hallazgos técnicos y conceptuales, para atender los requerimientos de información de interés para los usuarios.
En apego al propósito de la serie estadística que integra, la ENVIPE 2012 pretende recabar información que permita llevar a cabo estimaciones de la prevalencia e incidencia delictiva que afecta a los hogares y a las personas integrantes del hogar, la cifra negra, las características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización. Asimismo, busca obtener información sobre la percepción de la seguridad pública y sobre el desempeño y experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia.
Los resultados de la ENVIPE 2012 tienen representatividad a nivel nacional y estatal (para ciertas variables).
Ver encuesta
Con este reciente ejercicio se retoman las bases metodológicas concebidas inicialmente para el proyecto, aunque se hacen adiciones derivadas de nuevos hallazgos técnicos y conceptuales, para atender los requerimientos de información de interés para los usuarios.
En apego al propósito de la serie estadística que integra, la ENVIPE 2012 pretende recabar información que permita llevar a cabo estimaciones de la prevalencia e incidencia delictiva que afecta a los hogares y a las personas integrantes del hogar, la cifra negra, las características del delito, las víctimas y el contexto de la victimización. Asimismo, busca obtener información sobre la percepción de la seguridad pública y sobre el desempeño y experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia.
Los resultados de la ENVIPE 2012 tienen representatividad a nivel nacional y estatal (para ciertas variables).
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domingo, 25 de noviembre de 2012
National Institute of Justice
Esta página pertenece a una agencia federal del Departamento de Justicia de EE.UU.
Contiene notas y herramientas para su utilización en temas relacionados con la justicia y el derecho penal. Entre sus propósitos figuran el análisis de la naturaleza y el impacto de la delincuencia en la sociedad. Trata fundamentalmente temas de política criminal en base al logro de una mayor eficacia.
Además de contar con estadísticas de criminalidad y publicaciones sobre estrategias de política criminal, permite visualizar los programas que tiene el Departamento de Justicia respecto de ciertas temáticas específicas, como pruebas de ADN e implementación de la tecnología.
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Contiene notas y herramientas para su utilización en temas relacionados con la justicia y el derecho penal. Entre sus propósitos figuran el análisis de la naturaleza y el impacto de la delincuencia en la sociedad. Trata fundamentalmente temas de política criminal en base al logro de una mayor eficacia.
Además de contar con estadísticas de criminalidad y publicaciones sobre estrategias de política criminal, permite visualizar los programas que tiene el Departamento de Justicia respecto de ciertas temáticas específicas, como pruebas de ADN e implementación de la tecnología.
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sábado, 24 de noviembre de 2012
Death Penalty: Trials and Tribulations
Vídeo
Published in 2012
Available in English
Duration: 34 mins
Following a landmark ruling by Uganda's Supreme Court in 2009, which found mandatory death sentences to be unconstitutional and declared that serving at least three years on death row amounted to cruel and inhuman punishment, a number of death row prisoners had their sentences to life or long-term sentences. However, many remain, with an estimated 505 prisoners on death row, including 35 women at the end of 2011.
In Uganda, 28 crimes can attract the death penalty - including robbery, smuggling, acts of treason and terrorism, and non-lethal military sentences, and death sentences continue to be handed out after judicial proceedings which fail to meet international standards for a fair trial.
This film produced by PRI's Ugandan partner the Foundation for Human Rights Initiative provides a moving insight into the situation of prisoners on death row and others serving life sentences in the country.
This film was produced under PRI's European Union funded project 'Progressive Abolition of the Death Penalty and Alternatives that Respect International Human Rights Standards'.
Published in 2012
Available in English
Duration: 34 mins
Following a landmark ruling by Uganda's Supreme Court in 2009, which found mandatory death sentences to be unconstitutional and declared that serving at least three years on death row amounted to cruel and inhuman punishment, a number of death row prisoners had their sentences to life or long-term sentences. However, many remain, with an estimated 505 prisoners on death row, including 35 women at the end of 2011.
In Uganda, 28 crimes can attract the death penalty - including robbery, smuggling, acts of treason and terrorism, and non-lethal military sentences, and death sentences continue to be handed out after judicial proceedings which fail to meet international standards for a fair trial.
This film produced by PRI's Ugandan partner the Foundation for Human Rights Initiative provides a moving insight into the situation of prisoners on death row and others serving life sentences in the country.
This film was produced under PRI's European Union funded project 'Progressive Abolition of the Death Penalty and Alternatives that Respect International Human Rights Standards'.
Who Are the Criminals?: The Politics of Crime Policy from the Age of Roosevelt to the Age of Reagan
How did the United States go from being a country that tries to rehabilitate street criminals and prevent white-collar crime to one that harshly punishes common lawbreakers while at the same time encouraging corporate crime through a massive deregulation of business? Why do street criminals get stiff prison sentences, a practice that has led to the disaster of mass incarceration, while white-collar criminals, who arguably harm more people, get slaps on the wrist--if they are prosecuted at all? In Who Are the Criminals?, one of America's leading criminologists provides new answers to these vitally important questions by telling how the politicization of crime in the twentieth century transformed and distorted crime policymaking and led Americans to fear street crime too much and corporate crime too little. The Author of this Book is John Hagan. John Hagan argues that the recent history of American criminal justice can be divided into two eras--the age of Roosevelt (roughly 1933 to 1973) and the age of Reagan (1974 to 2008). Array ISBN 0691148384. A focus on rehabilitation, corporate regulation, and the social roots of crime in the earlier period was dramatically reversed in the later era. Who Are the Criminals?: The Politics of Crime Policy from the Age of Roosevelt to the Age of Reagan available in English. In the age of Reagan, the focus shifted to the harsh treatment of street crimes, especially drug offenses, which disproportionately affected m..
viernes, 23 de noviembre de 2012
www.law.cornell.edu
La página del Legal Information Institute de la Cornell Law School, reúne información de todo el sistema legal de los Estados Unidos: legislación, estatutos y jurisprudencia a nivel federal y de los cincuenta estados, organizados por temas y por jurisdicción. A su vez, desde esta página se puede acceder a web sites de países de todo el mundo que contienen información similar.
También, a través de esta página se puede obtener información y vínculos con todas las universidades de los Estados Unidos, organizaciones de derecho, firmas de abogados y una lista de boletines informativos de diferentes organismos oficiales y no gubernamentales organizados por temas de interés.
El aumento de la crueldad en el sexenio
Por: Dr. Miguel Carbonell
Uno de los saldos más escabrosos que dejará el sexenio que está a punto de terminar tiene que ver con el aumento absoluto, inverosímil, trágico y demencial de la crueldad.
El titular principal de la edición del pasado domingo en El Universal no dejaba lugar a dudas: en los años recientes han aumentado muchísimo las decapitaciones.
A los grupos criminales ya no les basta con matar a las personas, sino que además quieren demostrar que son los más crueles, los más desalmados, los más inhumanos; y para que nadie dude de eso les cortan la cabeza a las personas que eliminan. A veces los cadáveres son mutilados en otras partes del cuerpo: no es infrecuente que se encuentren pedazos de piernas, brazos, torsos, etcétera; en calles, carreteras, terrenos baldíos, en pleno desierto o afuera de dependencias públicas.
En el año 2007, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), el número de cadáveres que aparecieron decapitados fueron 32; para 2011 la cifra macabra había subido hasta los 493.
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Uno de los saldos más escabrosos que dejará el sexenio que está a punto de terminar tiene que ver con el aumento absoluto, inverosímil, trágico y demencial de la crueldad.
El titular principal de la edición del pasado domingo en El Universal no dejaba lugar a dudas: en los años recientes han aumentado muchísimo las decapitaciones.
A los grupos criminales ya no les basta con matar a las personas, sino que además quieren demostrar que son los más crueles, los más desalmados, los más inhumanos; y para que nadie dude de eso les cortan la cabeza a las personas que eliminan. A veces los cadáveres son mutilados en otras partes del cuerpo: no es infrecuente que se encuentren pedazos de piernas, brazos, torsos, etcétera; en calles, carreteras, terrenos baldíos, en pleno desierto o afuera de dependencias públicas.
En el año 2007, según datos de la Procuraduría General de la República (PGR), el número de cadáveres que aparecieron decapitados fueron 32; para 2011 la cifra macabra había subido hasta los 493.
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jueves, 22 de noviembre de 2012
Chihuahua aplicará brazaletes contra violencia feminicida
Chihuahua se convierte en el primer estado en utilizar brazaletes de control satelital, colocados en la muñeca del agresor, para proteger a las víctimas de violencia doméstica y evitar feminicidios
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"Política criminal y lucha contra la corrupción en Brasil"
Dr. Fernando A. Fernandes: "Política criminal y lucha contra la corrupción en Brasil"
Restorative Justice Practice against School Violence in Korea
By: KIM, Eun Kyeong
I. Introduction
In recent years, the possibilities and potential of adopting restorative justice have been under active discussion. Restorative justice proposes a novel perspective toward the concept of justice. In other words, justice, in this context, cannot be realized simply by punishing criminals. Rather, it can only be realized when the wounds caused by crime are cured, and when a true reconciliation between offender and victim is made. In this aspect, restorative justice puts a strong emphasis on problem solving through conversation between the offender and the victim. Restorative justice works to enable those affected by a crime, the offender, the victim, their families as well as the representatives of local communities, to share the victim's suffering, by providing them chances to communicate and interact for a solution in a safe place. The numbers from evaluation data tell us that such a process of mutual conversation does indeed have positive effects in dropping the recidivism rate and in accelerating the recovery rate by helping the offender to realize how his criminal deed actually affected the life of the victim while subsidizing the victim to overcome his anger and fear towards the offender and his deed. Thereby it is a dominant trend in Western societies to actively adopt restorative justice into the current criminal justice system, which is at the same time a strong advice from the UN.
miércoles, 21 de noviembre de 2012
Política Criminal seguida por los bancos
La nacionalista Olaia Fernández censura la "política criminal" de desahucios seguida por los bancos
La diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, censura la "política criminal" de desahucios seguida por los bancos, que ha tenido como consecuencia la muerte de una mujer que se arrojó ayer por una ventana en Barakaldo cuando iba a ser desahuciada y destaca que "pudo ocurrir algo similar" el jueves en Moaña (Pontevedra), "si no lo evitara un grupo de vecinos" que impidió que le dieran la orden de abandono de la vivienda.
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La diputada del BNG, Olaia Fernández Davila, censura la "política criminal" de desahucios seguida por los bancos, que ha tenido como consecuencia la muerte de una mujer que se arrojó ayer por una ventana en Barakaldo cuando iba a ser desahuciada y destaca que "pudo ocurrir algo similar" el jueves en Moaña (Pontevedra), "si no lo evitara un grupo de vecinos" que impidió que le dieran la orden de abandono de la vivienda.
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lunes, 6 de agosto de 2012
Política criminal acorde con las necesidades actuales
Por: Mónica Zárate
La Política Criminal debe atender las demandas sociales de los sectores más vulnerables y debe ser acorde a las necesidades actuales.
La Prevención del Delito, Procuración y Administración deben ir de la mano. Los programas de prevención del delito deben enfocarse principalmente en el fortalecimiento de la autoestima, la cultura de los valores, legalidad y denuncia; se trata de generar conciencia a partir de temprana edad para hacer ciudadanos más sanos, productivos y respetuosos de los Derechos Humanos que sepan convivir en armonía.
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La Política Criminal debe atender las demandas sociales de los sectores más vulnerables y debe ser acorde a las necesidades actuales.
La Prevención del Delito, Procuración y Administración deben ir de la mano. Los programas de prevención del delito deben enfocarse principalmente en el fortalecimiento de la autoestima, la cultura de los valores, legalidad y denuncia; se trata de generar conciencia a partir de temprana edad para hacer ciudadanos más sanos, productivos y respetuosos de los Derechos Humanos que sepan convivir en armonía.
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domingo, 5 de agosto de 2012
La tutela efectiva de los Derechos de la victima en el proceso penal Costarricense
Por: Fernando Cubero Pérez, Fiscal del Ministerio Público.
Sumario: Capítulo l La Víctima en el proceso acusatorio antiguo y en el proceso inquisitivo. A) La Venganza privada y las formas históricas substitutivas. B) La expulsión de la víctima del proceso penal . B.1. Proceso Inquisitivo y expropiación del conflicto. B.2. La reforma penal liberal y la víctima. Capítulo ll. Al reencuentro con la víctima. A) La criminología redescubre a la víctima. B) El establecimiento de los derechos de la víctima. C) La concretización del derecho a la indemnización. Capítulo III. A nivel conclusivo :El camino es largo... pero se hace camino al andar. A) La víctima en el nuevo Código Procesal Penal . B) Entre el temor y la esperanza.
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Sumario: Capítulo l La Víctima en el proceso acusatorio antiguo y en el proceso inquisitivo. A) La Venganza privada y las formas históricas substitutivas. B) La expulsión de la víctima del proceso penal . B.1. Proceso Inquisitivo y expropiación del conflicto. B.2. La reforma penal liberal y la víctima. Capítulo ll. Al reencuentro con la víctima. A) La criminología redescubre a la víctima. B) El establecimiento de los derechos de la víctima. C) La concretización del derecho a la indemnización. Capítulo III. A nivel conclusivo :El camino es largo... pero se hace camino al andar. A) La víctima en el nuevo Código Procesal Penal . B) Entre el temor y la esperanza.
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sábado, 4 de agosto de 2012
Política criminal y Estado
Por: Juan Bustos Ramírez
Al plantearse la cuestión criminal desde la política, se está significando que dice relación con el poder, esto es, con la capacidad de definir dentro de la estructura social y, por tanto, consecuencialmente de dirigir y organizar. Es por eso que en ese sentido Estado y política criminal aparecen como consustanciales, si bien es evidente que puede haber muchas políticas criminales dentro de un Estado, en la medida que el poder esté repartido y en cuanto haya la posibilidad de diferentes movimientos de expresión.
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Al plantearse la cuestión criminal desde la política, se está significando que dice relación con el poder, esto es, con la capacidad de definir dentro de la estructura social y, por tanto, consecuencialmente de dirigir y organizar. Es por eso que en ese sentido Estado y política criminal aparecen como consustanciales, si bien es evidente que puede haber muchas políticas criminales dentro de un Estado, en la medida que el poder esté repartido y en cuanto haya la posibilidad de diferentes movimientos de expresión.
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viernes, 3 de agosto de 2012
Vgilair y castigar: rasgos actuales del debate sobre el poder punitivo
En el marco del Seminario Permanente sobre Enrique Marí, (...) tuvo lugar en el Aula Magna, la Conferencia “Vigilar y castigar: rasgos actuales del debate sobre el poder punitivo”. El evento contó con las exposiciones del Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Eugenio R. Zaffaroni y del Presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Dr. David Baigún.
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Informe final Política Criminal (2012)
Diagnóstico y propuesta de lineamientos de política criminal para el Estado colombiano.
jueves, 2 de agosto de 2012
Public attitudes to youth crime Report on focus group research
Jessica Jacobson and Amy Kirby
Institute for Criminal Policy Research
This paper reports the findings of a series of focus groups set up to explore public attitudes to youth crime. The topics included the respondents‟ views of:
the extent of crime and anti-social behaviour (ASB) in the local community and the perceived causes of these;
restorative justice; and
volunteering and the role of the community in preventing crime and in supporting youth justice.
One hundred and twenty five participants took part including: 57 men and 68 women aged 18-76 years old. Around one-third were parents of secondary school-aged children and just over two-thirds were White. A focus group methodology was used to look at the range and diversity of public attitudes to youth crime, and the reasons behind these views. The findings are not representative of the general population, but explore complex issues across a broad cross-section of the general public.
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Institute for Criminal Policy Research
This paper reports the findings of a series of focus groups set up to explore public attitudes to youth crime. The topics included the respondents‟ views of:
the extent of crime and anti-social behaviour (ASB) in the local community and the perceived causes of these;
restorative justice; and
volunteering and the role of the community in preventing crime and in supporting youth justice.
One hundred and twenty five participants took part including: 57 men and 68 women aged 18-76 years old. Around one-third were parents of secondary school-aged children and just over two-thirds were White. A focus group methodology was used to look at the range and diversity of public attitudes to youth crime, and the reasons behind these views. The findings are not representative of the general population, but explore complex issues across a broad cross-section of the general public.
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miércoles, 1 de agosto de 2012
Assessing the impact of a sustained drug law enforcement operation in London. London: Institute for Criminal Policy Research
Tim McSweeney
Institute for Criminal Policy Research
This summary presents key findings from an independent research study by the Institute for Criminal Policy Research (ICPR), School of Law, Birkbeck, University of London, which sought to provide one London Community Safety Partnership and the Metropolitan Police Service (MPS) with an independent assessment of the impact of a sustained drug law enforcement (DLE) operation targeting street and ‘middle-level’ dealers, in contributing towards reducing rates of general and serious acquisitive crime (SAC) in one London
borough (Area A), following its implementation in 2006. The focus on SAC here includes consideration of offences such as domestic burglary, robbery (both personal and commercial), and theft of and from motor vehicles.
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Hugo Chávez decide que Venezuela se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Acusando a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de ser "indigna de su nombre" Hugo Chávez acaba de anunciar el retiro de su país del organismo, como reacción a un fallo adverso a Venezuela recaído en el caso de Raúl Díaz Peña.
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Una política criminal eficiente
Criminólogo: Octavio Queznel Rodríguez
El conocimiento y entendimiento científico que se tiene en la criminología y también en la criminalística debe dar un sustento a las políticas públicas en materia criminológica al tiempo que brinde elementos para revisar y enriquecer el derecho penal en este país….
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El conocimiento y entendimiento científico que se tiene en la criminología y también en la criminalística debe dar un sustento a las políticas públicas en materia criminológica al tiempo que brinde elementos para revisar y enriquecer el derecho penal en este país….
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martes, 31 de julio de 2012
Importancia de la Sentencia Sarayaku
Por: Mario Melo
Habrá oportunidad para mayores análisis respecto a la sentencia que pronunció hace días la Corte Interamericana en el caso del Pueblo Kichwa de Sarayaku, Ecuador.Sin embargo, considero necesario compartir algunas reflexiones iniciales dirigidas a quienes han seguido y apoyado la causa de Sarayaku a lo largo de estos años.
A mi juicio, la sentencia reviste relevancia para los derechos indígenas en torno, entre otros, a los siguientes puntos:
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Exigen a Sedena explicar sobre tareas de espionaje
Carbonell considera que es violatorio de la Constitución; expertos dicen que es necesario regular las intervenciones.
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lunes, 30 de julio de 2012
Operaciones encubiertas Policía Federal
Dra. Lucia Almaraz Cazarez**
Temática:
Operaciones encubiertas Policía Federal
Antecedente:
Ley de la policía Federal publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de junio de 2009
Fundamento legal de operaciones encubiertas:
Artículo 8. La Policía Federal tendrá las atribuciones y obligaciones siguientes:
VII. Llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos. El Reglamento definirá con precisión los lineamientos mínimos para el ejercicio de esta atribución;[1]
Problemática actual:
La ley de la policía federal (mexicana) aun cuando considera en el artículo 8 la atribución de llevar a cabo operaciones encubiertas y usuarios simulados, se considera que será necesario que se elabore y se legitime a través de la vigencia del reglamento que como lo establece la propia fracción VII deberá definir los lineamientos para llevar a cabo dicha función, por lo que se considera que hasta que no exista esa reglamentación y establezca en forma clara y precisa cuales serán los escenarios, situaciones y motivos en los que se podrá hacer uso de la figura de “operación encubierta” se podrá legitimar dicho precepto legal.
Postura de la Suprema Corte
Las operaciones encubiertas prevén que los agentes federales oculten su identidad para infiltrarse en organizaciones criminales y de esta manera obtener información que lleve a la captura de presuntos delincuentes y se prevengan delitos[2].
Pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
El organismo considera que estas actividades no sólo podrían violar garantías individuales de particulares o de las personas objeto de estas operaciones, como el derecho a la privacidad, a la inviolabilidad del domicilio, entre otras, sino que además se podrían violar derechos de los agentes federales al obligarlos a cometer conductas consideradas delitos en algunos casos.
Impacto en las Entidades Federativas
En el marco jurídico estatal, no se tiene considerado esta figura legal, sin embargo podríamos anticipar que efectivamente podría tener repercusión en las acciones implementadas en materia de seguridad sobre todo en lo que respecta a los delitos graves y contra la delincuencia organizada, que serán los escenarios en donde apliquen la mencionada figura legal, ya que al realizar detenciones de posibles miembros de organizaciones delictivas, se desconocerá si el agente activo efectivamente forma parte de una operación encubierta o forma parte de la célula delictiva, por lo que creemos podría proceder dos supuestos:
1.- La Federación (SSPF) informe sobre las actividades, lugares del estado en el que se este llevando a cabo dicha acción, e identificación del (los) agente (s) encubierto (s).
2.- Fortalecer la coordinación con las instancias de orden federal, a fin de que hagan del conocimiento, sobre las acciones operativas que se pretenden ejecutar en la entidad.
Con eso se evitaría en primera instancia, desestimar el trabajo operativo y de inteligencia de los agentes federales en la entidad, así como evitar intervención innecesaria en las acciones y estrategias operativas por parte de estos.
Consideraciones Generales
Ø La figura de la “operación encubierta” podría entenderse como una herramienta absoluta y discrecional por parte de la Federación
Ø Será necesaria la posterior verificación judicial de que en el despliegue de los agentes policiales en dichas operaciones encubiertas; se respetaron los derechos fundamentales y el control de la legalidad del uso que se dé a las evidencias resultantes
Ø Entre menor es la visibilidad de la policía, mayores son las dificultades del control
Ø Las operaciones encubiertas, como en el caso de delitos graves y los relacionados con la delincuencia organizada, deben tener un control judicial previo; es decir, que el Procurador de la República o el Comisionado General de la Policía Federal tengan la autorización del juez competente, quien debe analizar si el objetivo del operativo que se pretende hacer está apegado a las leyes y a la Constitución.
Ø Se requiere, un marco constitucional claro de legalidad, que blinde la actuación del Estado frente a la posible arbitrariedad de la autoridad en la autorización del uso de la figura de “operaciones encubiertas”
Conclusiones:
Una de las tareas principales de la política criminal es el análisis jurídico de las leyes, verificando si el precepto legal abona o fortalece al combate a la delincuencia convencional u organizada, es por ello que consideramos que esta nueva facultad que se le otorga a la Policía Federal , careció en su momento de un estudio tendiente a verificar a la viabilidad o la reacción social ante tal escenario, las tareas a cumplir del Estado frente a la ciudadanía es proporcionar una certidumbre de legalidad y de seguridad, en estos momentos México no cuenta con la infraestructura al interior de la corporaciones policiales a fin de controlar, supervisar y optimizar los recursos, sobre hablando del recurso humano, en este caso los propios elementos operativos, ya hemos tenido experiencias sobre la falta de capacitación que impera en algunas áreas operativas, a pesar de se cuenta con direcciones o departamentos especializados en política criminal, dichas áreas solo realizan fichas informativas, presentaciones sobre delitos específicos, proyectos inviables que en nada responden a la dinámica delincuencial o peor aun estudios que aun siendo propositivos debido a la falta de coordinación con las áreas operativas no llegan a prosperar, es por ellos que entonces se emiten preceptos como el antes analizado que solo obedece a una tendencia o imitación de otras legislaciones de países con características y dinámicas sociales y criminales distintos a las que presenta México y que como ya mencionamos en el apartado de consideraciones generales será difícil llevar un debido control sobre esa nueva figura legal denominada “ operaciones encubiertas”.
**Miembro del IIPC
[1] http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LPF.pdf, verificada a las 09:57 horas del 21 de junio de 2011
[2]http://www.informador.com.mx/mexico/2011/285282/6/avala-suprema-corte-operaciones-encubiertas-de-agentes-federales.htm, verificada a las 12:14 horas del 21 de junio de 2011
Juventud comunista de Portugal condena “política criminal” de la Unión Europea
Cerca de 400 mi jóvenes portugueses no tienen trabajo
sábado, 28 de julio de 2012
A mayor corrupción, mayor inflación
Por Juan Carlos Vega
"De nada sirve una reforma del Código Penal en la medida en que no modifique la política criminal que subyace en él y que expresa una concepción de la sociedad, del poder y de la pena que privilegia el peso de la persecución penal sobre los delitos de la pobreza y que consagra total impunidad a los delitos del Poder. Vamos a los hechos."
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viernes, 27 de julio de 2012
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